En estos tiempos de crisis que nos aquejan, con el horizonte económico cada vez más y más oscuro, parece que cuestiones como la Educación quedan relegadas a un segundo plano. Sin embargo, es precisamente en momentos como éste cuando más debe considerarse si el sistema educativo de una nación responde a sus necesidades, pues como afirma el nobel de economía Joseph E. Stiglitz:
“La mayor riqueza de un país es su población. Por eso es fundamental asegurarse de que todo el mundo pueda alcanzar su potencial, para lo cual es necesario que todos tengan oportunidades para recibir una educación”.Desde hace más de tres lustros venimos padeciendo en España un sistema educativo nefasto derivado de la LOGSE, cuya finalidad oculta no ha sido otra que deformar a las generaciones de jóvenes que la han padecido. Si para un país, y para su economía, es esencial disponer de jóvenes preparados para acceder al mercado laboral con una sólida formación intelectual y una capacidad de esfuerzo y superación notables, la LOGSE ha venido produciendo generaciones enteras de jóvenes educados en la creencia de que no es necesario esforzarse para conseguir los objetivos deseados, y que la mediocridad es un valor deseable e incluso un modelo a seguir dentro de un sistema falsamente igualitario. ¿Tendrá esto algo que ver con la actual crisis económica?
Por si fuese poco,
la última LOE, no pretende cambiar el panorama educativo, sino que profundiza en los objetivos ocultos de la LOGSE: conseguir una sociedad manipulable en la que los jóvenes no sean capaces de discernir, por lo que no se pretende que sean educados para ello ni se persigue la excelencia en su formación, estableciendo unos requisitos cicateros en conocimientos y aprendizajes que les permiten avanzar de curso en curso. Pero no nos preocupemos por ello: nuestros gobernantes dedican buena parte de sus ingresos a asegurar una buena educación a sus hijos... en la escuela privada. Quienes han sufrido la LOGSE y ahora sufren la LOE no son los hijos de las clases pudientes, sino los de aquellos que no pueden pagar por su educación, es decir, la mayoría de los ciudadanos. ¿Es este un sistema educativo progresista? ¿Es justo? ¿Ofrece oportunidades a todas las personas para que alcancen su potencial? ¿Crea riqueza para el país?
Por si fuese poco, al desolado paisaje educativo hay que añadirle otro factor no menos trascendente: la España de las autonomías.
El desbarajuste competencial existente hace posible que, en las comunidades autónomas gobernadas por los nacionalistas, se imponga a macha martillo una educación en la lengua local expulsando al idioma español de las escuelas y se deforme la historia común, recreando falsos mitos identitarios y excluyentes.
¿Cómo extrañarnos entonces de la posición que ocupa nuestro país en todas las clasificaciones educativas internacionales? Que los resultados de nuestros jóvenes se encuentren por debajo de la media de los de los países que integran la OCDE no es casualidad.
Por todo ello, y ahora que la crisis aprieta, es más urgente que nunca acometer reformas que enderecen el rumbo de nuestro sistema educativo y que permitan que la Educación sea la mayor fuente de riqueza de este país. Para ello, han de producirse cambios en tres ámbitos esenciales: legislación, organización y profesorado, acometiéndose algunas reformas legislativas estatales que creo necesarias:
1.- Retorno al Estado de las competencias en Educación, especialmente de aquellas relativas a la ordenación de los currículos que, estando actualmente en manos de los gobiernos de las comunidades autónomas, permiten a estas la manipulación de los contenidos que se enseñan en las escuelas. En este sentido, es fundamental que el Estado sea plenamente competente en materia de regulación educativa, para evitar que el desarrollo de las leyes por las comunidades autónomas suponga su tergiversación.
2.- Aumento de la inversión en Educación hasta un 6% del PIB, ya que mientras en España esta se sitúa entorno al 4,4 % del PIB la media de la Unión Europea antes de la última ampliación era del 5,3%, encontrándonos bastante lejos del 8’4 % que destina Dinamarca, del 6,4% de Finlandia o del 5,8% de Francia.
3.- Elaboración de una nueva Ley de Educación, consensuada con toda la sociedad y muy especialmente con los profesionales de la educación, en la que se establezca un marco educativo estable durante al menos 15 años que fomente el esfuerzo y la autosuperación así como el pensamiento crítico. Esta nueva Ley debería ser la base legislativa que junto al aumento en la inversión permitiera situar de nuevo a la escuela pública como referente en la excelencia educativa, como lo fue en los años 60 y 70 del pasado siglo.
4.- Refuerzo de la alta inspección educativa, para que pueda desarrollar con eficacia su labor en todo el Estado disponiendo de plena capacidad sancionadora.
5.- Establecimiento de pruebas de nivel homogéneas para los alumnos de todo el Estado, realizadas por un organismo independiente con objeto de comprobar la calidad de la educación y justificar ante la sociedad el esfuerzo inversor que ésta realiza.
6.- Refuerzo de la autoridad del profesor como funcionario público y promulgación de un Estatuto del personal docente no universitario que permita el desarrollo de una verdadera carrera profesional.
Para terminar, y parafraseando las palabras del decreto de la Junta de Andalucía para la ordenación de las enseñanzas de bachillerato, si la finalidad de la Educación ha de ser proporcionar a nuestros jóvenes la formación necesaria para que alcancen plena madurez intelectual y humana, para que adquieran los conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar una función social útil y puedan incorporarse a la vida activa como ciudadanos responsables, competentes, y autónomos... ¿por qué no hacemos lo necesario para que esto sea realidad?
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